El planteamiento fue hecho por la directora de Pro Consumidor en el Altar de la Patria al conmemorar el Día Mundial de Defensa de los Derechos  Consumidores. 

SANTO DOMINGO.- La directora del Instituto Nacional de Protección a los derechos del Consumidor planteó este sábado que la protección al consumidor en la República Dominicana sea asumida como política pública del Estado.

La licenciada Altagracia Paulino dijo que le defensa a los consumidores debe ser asumida como política de Estado porque implica  a todos los ciudadanos.

“La protección al consumidor es parte de la Responsabilidad social del Estado, constitucionalmente establecida para defender a los más vulnerables”, dijo.

Aquellos sectores que por la asimetría de la comunicación,  de la información no saben los que pasa con los alimentos y los medicamentos. Sobretodo los medicamentos, tenemos el mercado inundado de medicamentos falsificados.

Dijo    que un medicamento no puede funcionar en la recuperación de la salud cuando está falsificado y que por el contrario podría provocarle la muerte, lo que es calificado “como un crimen”.

“Debe haber una política de Estado de protección a las personas, a la vida”, indicó.

Precisó que un cuerpo humano puede estar mal alimentado cuando los alimentos que ingiere no tienen los nutrientes adecuados.

Por igual la salud no se puede recuperar cuando los medicamentos que adquiere son falsificados.

“Son cosas aparentemente micro que tienen un impacto grandísimo”, dijo Paulino al conmemorar el Día Mundial de la Defensa de los Derechos de los Consumidores.

Indicó que el Estado debe asumir como política pública la protección de los derechos de los consumidores como lo ha hecho Chile, Argentina, Brasil y Estados Unidos.

“Dentro del paquete de políticas públicas debe ser incluida la protección de los ciudadanos y su relación con el mercado que son los consumidores.

“Si hay política pública, cuando hay problema atmosférico, ciclones, huracanes, inundaciones se congelan  los precios de los productos de la canasta básica”.

La directora de Pro Consumidor puso como ejemplo que en Argentina se llegó a un acuerdo con los proveedores, supermercados y colmados para fijar el precio de cien artículos de la canasta básica y una cadena de supermercado desobedeció y el gobierno la cerró, porque violaron su propio acuerdo que habían firmado.

Dijo que Pro consumidor tienen identificados 36 productos de la canasta familiar básica y cuando aumenta de precios alteran el presupuesto familiar lo que afecta los intereses económicos de más vulnerables.

“Si tienen que pagar el pollo, el arroz, las habichuelas un poco más caro afecta su presupuesto”, precisó.

“Creo que debe haber política pública de defensa al consumidor, en esos momentos también de contingencia, para evitar la especulación”.

Ejemplo doloroso 

Los productores de pollo tuvieron una sobreproducción  sin embargo el consumidor no se benefició porque nunca bajó el precio de la libra de pollo.

En esto hubo mucha oferta y la demanda se mantuvo igual porque la gente no percibió  la sobreproducción lo que debió contribuir a que bajara el precio de la libra de pollo.

“Si debe haber política pública en ese sentido  eso favorece al productor y al consumidor, en la sobreproducción de pollos los productores perdieron pero el consumidor no se favoreció, si hay política pública en ese caso hay una fijación de precios”.

“Se imponen que el presidente Danilo Medina declare como política pública la defensa de los derechos del Consumidor, así se hace Patria y ejerció constitucional de protección de los derechos de los consumidores”.

“Somos un país pobre con 70 por ciento de la población con ingresos estancando por lo que hay que mejorar la protección en lo que tienen que con el impacto a la salud, el medio ambiente”.

En esa protección el Estado debe proveer a Pro consumidor de un laboratorio para determinar cuando un medicamento es falso, cuando una comida no tiene los nutrientes, o cuando una etiqueta no dice la información adecuada.

El Gobierno de Chile dio un plazo de  cien días para que modifique para que modifiquen  la ley de protección a los consumidores para darle más poder  a la entidad defensora, así queremos que sea en el país.

El gobierno Chileno fijó precios de cien artículos de la canasta básica y una cadena de supermercado desobedeció y fue cerrada, porque violaron su propio acuerdo.

“Nosotros  tenemos identificados 36 productos de la canasta familiar básica,  cuando estos suben realmente se altera el presupuesto de los consumidores que normalmente son los más vulnerables”.