César Miranda anunció que no defenderá la constitucionalidad del Artículo 68 del Código Civil pues “esos mismos derechos deben estar disponibles para aquellos que se aman”.

Miranda explicó que el cambio de posición del Gobierno con respecto a la argumentación inicial ante Pérez Giménez fue producto del cambio en el estado de derecho, como el Defense of Marriage Act (DOMA), de 2013.

El Departamento de Justicia (DJ) anunció este viernes que el gobierno de Puerto Rico no defenderá la constitucionalidad del matrimonio entre un hombre y una mujer, según lo dispuesto en el Artículo 68 del Código Civil, “porque las leyes que defienden el matrimonio tienen que respetar los derechos constitucionales de todos los ciudadanos”.

El anuncio, que fue realizado durante una conferencia de prensa en la sede de Justicia, en Miramar, se produjo al vencerse el plazo para que el gobierno de Puerto Rico presentara su argumentación escrita como parte del proceso de apelación de un caso federal interpuesto por cinco parejas homosexuales que solicitan que se validen en la isla sus derechos como matrimonios.

“El día de hoy es importante para el país. Los he convocado para esta conferencia de prensa que a mí entender tiene matices históricos para nuestra ciudadanía y el entorno jurídico del pueblo de Puerto Rico”, comenzó diciendo el secretario de Justicia, César Miranda, al hacer el anuncio ante una sala llena de medios de comunicación.

“El Departamento de Justicia, en la presentación que entregará, y por trabajo de la procuradora general del Estado Libre Asociado, Margarita Mercado, hemos concluido que ante el estado de derecho actual no se justifica ni es correcto el defender la constitucionalidad del Artículo 68 del Código Civil de Puerto Rico que promulga que el matrimonio será solo entre un hombre y una mujer”, declaró Miranda.

El funcionario agregó que la determinación de Justicia se tomó porque, jurídicamente y éticamente, “no es correcto” que a unos ciudadanos en la isla se les nieguen los derechos que otros disfrutan por “motivos de orientación sexual”.

“Esos mismos derechos deben estar disponibles para aquellos que se aman, que se cuidan entre sí, que trabajan y aportan a nuestra sociedad igual que los demás”, agregó el funcionario.

Inmediatamente después que se hiciera pública la postura del Departamento de Justicia, el gobernador Alejandro García Padilla emitió unas declaraciones escritas en las que apoyó la determinación de Justicia de no rebatir el reclamo de los demandantes que soliciten se declare inconstitucional la prohibición de matrimonios entre personas del mismo sexo y afirmó que su deber como primer ejecutivo es “adelantar el progreso de los derechos civiles y humanos en igualdad de condiciones para todo ciudadano y ciudadana”.

“El pueblo de Puerto Rico me eligió para defender las Constituciones del Estado Libre Asociado y de Estados Unidos de América. El desarrollo de la jurisprudencia en múltiples jurisdicciones estadounidenses apunta a un consenso innegable. Esto es, que nuestro ordenamiento constitucional no permite distinciones discriminatorias como la que está contenida en el Código Civil respecto a los derechos de las parejas del mismo sexo”, manifestó el gobernador.

Este caso se remonta a marzo del pasado año, cuando Ada Conde Vidal, presidenta de la Fundación de Derechos Humanos (FDH), presentó una demanda en el Tribunal Federal para que se reconozca en Puerto Rico como legal y legítimo el matrimonio que contrajo con su pareja, Ivonne Álvarez Vélez, en el estado de Massachusetts.

En la demanda presentada junto a Álvarez Vélez y otras cuatro parejas en contra de la secretaria de Salud, Ana Ríus Armendáriz, y la directora del Registro Demográfico, Wanda Llovet Díaz, la licenciada Conde Vidal solicitó un interdicto preliminar, permanente y sentencia declaratoria para que en Puerto Rico se reconozcan los matrimonios civiles entre personas del mismo sexo contraídos en otras jurisdicciones de Estados Unidos.

Posteriormente, en octubre de 2014, el juez federal Juan Pérez Giménez desestimó la demanda, por lo que las demandantes recurrieron al Circuito de Apelaciones de Boston. Desde ese entonces, el secretario de Justicia ya había señalado que el gobierno del Estado Libre Asociado se allanaría a la decisión que se emitiera en Boston.

La determinación del Gobierno hecha pública hoy, había sido adelantada en un escrito del periódico El Nuevo Día el pasado lunes. Ese día, este medio señaló que el Gobierno contemplaba anunciar esta semana su cambio de postura en torno al apoyo al estatuto puertorriqueño, que solo reconoce el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer.

Cambio de posición

Miranda explicó que el cambio de posición del Gobierno con respecto a la argumentación inicial ante Pérez Giménez fue producto del cambio en el estado de derecho, como el Defense of Marriage Act (DOMA), de 2013.

En este caso, la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió que el Congreso violó la cláusula de igual protección de las leyes al definir el matrimonio exclusivamente como la unión entre una mujer y un hombre en esa ley. Tras esta decisión, la inmensa mayoría de las cortes federales han concluido que la definición de matrimonio limitada a un hombre y una mujer no es constitucionalmente válida.

A preguntas de la prensa, Miranda reconoció que si el Circuito de Apelaciones de Boston declara inconstitucional el Artículo 68, “es que la prohibición para que las personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio en Puerto Rico dejaría de existir”.

“Obviamente, hay que decir que el tribunal podría emitir esa decisión”, indicó Miranda, quien expresó que igualmente podría pedir tiempo en lo que el Tribunal Supremo de Estados Unidos resuelve los casos que tiene planteados.

Se expresa la Iglesia Católica

La Iglesia Católica expresó su inconformidad con la determinación de Justicia y la catalogó de “lamentable y desconcertante” en declaraciones escritas.

“La postura del gobernador de no defender la legislación actual que solo permite la validez y el reconocimiento del matrimonio hombre y mujer es muy lamentable y desconcertante. Nos llena de tristeza. El deber ministerial del Gobierno debió ser defender la constitucionalidad de la legislación actual como lo hizo en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico y tal y como resolvió dicho tribunal”, lee el comunicado enviado por la Conferencia Episcopal Puertorriqueña.

“No se puede avanzar en la promoción de derechos humanos cuando se redefine y se debilita la institución familiar que es la célula vital y fundante de toda sociedad desde el comienzo de la historia humana. Hoy, la voz del sentir mayoritario de nuestro pueblo se ha quedado sin oídos que lo escuchen en la más alta esfera de su Gobierno. El deber del Estado es ser fiel a los valores y la cultura de un pueblo y nación, no redefinirlos. Hoy, el Estado envía un mensaje equivocado a nuestra niñez y juventud”, esbozó en ese mismo escrito el presidente de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña y arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves.