La República Dominicana proyecta un Plan Nacional de Desarme como el de Brasil, país que retiró de las calles medio millón de armas hace cuatro años para combatir el alto índice de homicidios, informó ayer miércoles el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD).
El proyecto, adaptado a la realidad dominicana, es coordinado por el Viceministerio de Cooperación Internacional del MEPyD y el auspicio por más de US$58 mil (RD$2.5 millones) de la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC).
La “Transferencia de la metodología para la disminución del número de armas de fuego y municiones de la población civil” tiene por objetivo fortalecer la política del gobierno dominicano contra la delincuencia.
Esta acción es un mandato en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo en el primer eje, sobre el “Imperio de la Ley y Seguridad Ciudadana”, informó la Unidad de Comunicaciones del Ministerio de Economía.
Para la elaboración y ejecución del plan estuvo en Brasil una misión judicial y policial dominicana que participó en la primera actividad.
La misión la integraron el procurador general de la corte y asistente del Procurador General, el magistrado José Alberto Jiménez; el teniente coronel José Miguel Mañón Selm, del Ministerio de Interior, y el capitán policial Féliz Alberto Gómez Almonte.
Los comisionados conocieron el diseño y los resultados de las campañas en Brasil en visita y entrenamiento en la Secretaría Nacional de Seguridad Pública (SENASP) y el Ministerio de Justicia.
También tomaron contacto con los mecanismos de concienciación utilizados para persuadir a la población a entregar voluntaria armas de fuego y la metodología para retribuirla con indemnizaciones y otros componentes de la campaña.
Las autoridades esperan del Plan Nacional de Desarme lograr concienciar a la población de la importancia de deshacerse de la tentación de poseer armas de fuego causantes además de accidentes y situaciones de violencia.
Además promover una cultura de ausencia de violencia y de resolución pacífica de conflictos, destruir las armas y municiones entregadas de manera espontánea y las sometidas a procesos penales tras la determinación de sentencias.
Este plan responde también a una de las metas de Gobierno del presidente Danilo Medina en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público, de hacer más eficiente el sistema de registro, control y otorgamiento de permisos de porte y tenencia de armas de fuego a los ciudadanos.
