El grupo de haitianos que fue detenido ayer en una comunidad de Santiago y que esta mañana permanecían en el patio de la fortaleza Fernando Valerio.

SANTIAGO.- Los 48 haitianos que ayer fueron apresados por miembros del Ejercito de la República Dominicana, mientras transitaban en un minibús por la comunidad Capilla, del distrito municipal La Canela, de aquí, serán entregados en las próximas horas a la Dirección General de Migración, para ser repatriados.

Así lo informó esta mañana el general del Ejército, Ramón Jiménez Peña, comandante de la Segunda Brigada de ese cuerpo armado, quien dijo que los dominicanos involucrados serán enviados a la justicia.

Aunque los detenidos admitieron que están aquí de manera ilegal, adujeron que fueron arrestados cuando se dirigían a participar en el mercado informal que cada jueves instalan en el sector Pueblo Nuevo, de esta ciudad.

Sin embargo, el general Jiménez Peña, insistió este viernes que los extranjeros recién habían cruzado la frontera, por el municipio de Dajabón, con el objetivo de establecerse en esta ciudad de manera ilegal.

El grupo está compuesto por 36 hombres y 12 mujeres, algunas de las cuales se encuentran en avanzado estado de embarazo, lo que hace presumir a las autoridades que tenían el objetivo de dar a luz en el hospital José María Cabral y Báez, de aquí.

Todavía a media mañana de hoy los extranjeros ilegales eran mantenidos en el patio de la fortaleza Fernando Valerio, sede de la Segunda Brigada del Ejército de la República Dominicana, para ser entregados a la Dirección General de Migración.

Mientras que el chofer del vehículo y su ayudante, ambos dominicanos, serán sometidos a la justicia bajo la acusación de tráfico humano, según se pudo establecer.

El descubrimiento del tráfico ilegal de esos haitianos se sumó a una acción similar descubierta por militares esta semana, cuando fueron apresados otros 20, que intentaron ingresar al país de forma subrepticia, a bordo de una yipeta.

El grupo fue detectado por los guardias en la comunidad Los Conucos, de Montecristi y tenían como propósito radicarse en esta ciudad. El vehículo era conducido por Jesús Antonio Rodríguez, asistido por un adolescente de 16 años.

Ambos fueron sometidos a la justicia, vía la fiscalía de Montecristi, acusados de violar la ley 137-03, sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas.