Sandy Filpo ofrece detalles, en compañía de otros dirigentes industriales y empresariales de Santiago. Foto Wilson Aracena.

SANTIAGO.- Empresas localizadas en esta ciudad acusaron este jueves a la Alcaldía santiaguera de no respetar las normas establecidas para el cobro de impuestos por la instalación de letreros comerciales, en cuya tarea utiliza los servicios de una entidad privada, calificada por los denunciantes como “mafiosa y arbitraria”.

El planteamiento de las instituciones fue hecho en el transcurso de un encuentro con la prensa local,  encabezado por la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), en la que aclararon que no se niegan a pagar, pero que sea lo justo y que se respeten las normas establecidos sobre los límites del cobro  de arbitrios municipales.

Además de la ACIS, en la actividad estuvieron representados los dueños de farmacias, clínicas del Cibao, talleres de metalmecánica, distribuidores de vehículos y mayoristas en provisiones.

Por igual, dirigentes de los gremios que agrupan a los fabricantes de letreros, de importadores del Cibao, corredores de seguros, promotores y constructores de viviendas, de empresarios pequeños y medianos, de cooperativas y de empresas de computadoras y tecnología.

Sandy Filpo, presidente de la ACIS y quien sirvió de vocero, dijo que resultan insostenibles los costos que pretende cobrar la empresa Triple A por el uso de la publicidad exterior e interior.

De manera fundamental, las empresas rechazaron el intento de cobro, que definió como “excesivo”, ha sido extendido a la publicidad rodante, rampas y letreros comerciales.

Aseguró que ese cobro riñe con la Ley, porque desborda los límites del costo de un tipo  de publicidad de letreros y advirtió que es imposible aplicar el cobro a la publicidad rodante, porque sería un mal precedente.

Informó que lo peor del caso es que la compañía Triple A ha estado notificando y utilizando la fuerza contra empresas que no pagan, por entender que es una violación a la Ley esos altos costos.

Informó que inspectores de la empresa acuden en brigadas a tumbar letreros, cerrar empresas y notificarlas para llevarlas a los tribunales “por lo que estamos iniciando un plan de lucha que continuará en 20 días, cuando implementaremos otras acciones más contundente”.