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MAL MANEJO: Al PRD le faltan facturas de gastos por RD$1,215 MM


Entre 2009 y 2012, el Partido Revolucionario Dominicano tuvo egresos por RD$1,215 millones.
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Juan Eduardo Thomas
SANTO DOMINGO.- El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) no tiene facturas que comprueben sus gastos entre los años 2009 y 2012, un periodo de cuatro años donde la organización tuvo egresos por RD$1,215 millones. ¿La razón que da su presidencia? La trifulca del 27 de enero de 2013, a sillazos y disparos, que dejó siete heridos.

Ayer se dio a conocer un informe de la Cámara de Cuentas en el que se indica que no se pudo auditar a la agrupación política por la falta de comprobantes de sus acciones, y en el que se le pide a la Junta Central Electoral (JCE) y a la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental “tomar las medidas pertinentes”. 

Se trata de un período, de 2009 a 2012, en el que PRD tuvo ingresos por RD$1,248,228,095 y egresos por valor de RD$1,215,384,985. Cuatro años de operaciones financieras de las que no se tiene comprobante alguno. 

Vargas  Maldonado acusó a “grupos políticos desaprensivos” de destruir mobiliarios, equipos y documentos de los archivos de las áreas de Organización, Electoral y oficinas administrativas y financieras donde reposaban los documentos de ingresos y egresos de las operaciones del PRD hasta 2013.

El pasado 27 de enero de 2013, inmerso en una severa crisis interna, el PRD tuvo enfrentamiento a tiros y silletazos entre la presidencia de Miguel Vargas y un grupo disidente, encabezado por Hipólito Mejía. El presidente del PRD intentaba reunir al CEN para validar las expulsiones del expresidente y de Andrés Bautista, presidente en funciones.

La crisis se zanjó con un desprendimiento de quienes disentían de la dirección de Vargas, que se fueron a la Alianza Social Dominicana, hoy Partido Revolucionario Moderno (PRM). 

La Cámara de Cuentas tomó dos decisiones: aprobar el informe que suministraron sus auditores donde se declaraba no haber obtenido la evidencia suficiente para opinar y remitir ese informe a la JCE y a la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental.

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