SANTIAGO.- Pasaportes de varias de las mujeres colombianas y venezolanas, que presuntamente eran mantenidas en contra de su voluntad en un negocio de diversión de esta ciudad, fueron decomisados por las autoridades, al requisar el sitio la madrugada del pasado viernes.
En la caja fuerte, donde fueron hallados dichos documentos, también fue encontrado un recibo de préstamo de 168 mil dólares a una de ellas, con cuyo dinero adquirió un lujoso apartamento ubicado en un residencial de aquí.
Al momento de producirse la requisa fueron halladas en el lugar 45 mujeres venezolanas y colombianas, quienes alegaron que eran mantenidas allí en contra de su voluntad para que ejercieran la prostitución.
Ayer, una juez del Tribunal de Atención Permanente de este distrito judicial dictó una coerción de 18 meses a tres de los acusados de Trata de Personas y a otras dos al pago de una garantía económica de 2 millones de pesos, impedimento de salida y presentación periódica.
Juan Fernández, Grismelda Acarilis Merejo y el venezolano Jolvert José Ramírez de inmediato fueron encerrados en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey-Hombres, en tanto que María Magdalena Batist y Jairo Rafael Correa serán puestos en libertad inmediatamente hagan efectiva la garantía económica que les impuso la magistrada Ingrid Liberato, quien declaró como “complejo” el caso.
La Fiscalía acusa al grupo de Trata de Personas con fines de explotación sexual y comercializar mujeres con propósitos sexuales, especialmente en el night club “Casa Blanca”, localizado en la carretera que comunica esta ciudad con el municipio de Licey al Medio.
Tanto en ese lugar como en dos moteles allanados, las autoridades hallaron armas de fuego de manera ilegal, entre ellas más de 6 escopetas, dos pistolas de alto calibre, cuya capacidad de impacto permite penetrar las placas de chalecos antibalas.
Como consecuencia de que esos negocios fueron decomisados 11 millones de pesos y 800 mil dólares estadounidenses en efectivo, al grupo se le acusa de lavado de activos.
La fiscal Luisa Liranzo dijo la elaboración del expediente acusatorio “es el resultado de una investigación llevada a cabo durante más de seis meses, que aportó la identificación de la red que captaba, reclutaba, trasladaba y retenía a las mujeres para con ellas lucrarse a través de la explotación sexual”.
