SANTIAGO.- Residentes en varios sectores de la ciudad de Puerto Plata, así como representantes defederaciones  y  juntas de vecinos, se manifestaron opuestos a la construcción de una estación de gas licuado de petróleo en las inmediaciones de esos lugares, por entender que viola la ley que regula sus instalaciones en lugares habitados.

La protesta fue encabezada por moradores de las urbanizaciones  Marapicá y La Estancia, así como en el barrio Coca Cola, quienes aseguraron que la ubicación de ese negocio allí pone en riesgo la salud de todos los ellos.

En protesta pacífica, cientos de personas residentes en estas localidades reclamaron ayer a las autoridades del Ministerio de Industria y Comercio desautorizar esa construcción que, según sus declaraciones, afecta a las familias que residen por la zona y las inversiones hechas en el lugar.

“Es una injusticia de primer grado, por lo que nos hemos empoderado de esta situación que consideramos como un verdadero abuso de poder de las autoridades que nos representan en el municipio, porque somos personas trabajadoras y honestas”, dijo Luz Mejía presidente de la Junta de Vecinos Barrio Coca Cola y Marapicá.

La planta distribuidora de gas licuado de petróleo se construye entre La Rotonda y la entrada a Playa Dorada la que, según los quejosos, atenta contra el medio ambiente.

Además de Mejía mostraron su rechazo Leonor Burgos, de la Junta de Vecinos La Estancia, de Marapicá y Kenia Desangles, de la Federación de Juntas de Vecinos de Puerto Plata, entre otras entidades y organizaciones.

De su lado, el  vice ministro de Industria y Comercio con asiento en Puerto Plata, Alfonso Crisóstomo, mostró su preocupación por el conflicto generado por esa construcción, con la que, según él, se viola con todos los requisitos necesarios que avalan una estación de gas licuado de petróleo.

“Siempre hemos rechazado que funcionarios públicos se olviden de sus funciones y para las que fueron designados y se conviertan en acumuladores de riquezas”, expresó Crisóstomo.

Tildó como “inoportuna e inadecuada” esa construcción, que cuenta con una sentencia judicial que reserva su edificación que, según ha trascendido, es propiedad del empresario Miguel Mézquita y cuenta con el aval del alcalde de Puerto Plata, Walter Musa.