De periódico digital DE AHORA
Cuando Luis Abinader asumió la presidencia de la República Dominicana en agosto de 2020, lo hizo bajo una promesa que resonó en un país hastiado de escándalos: cero tolerancia a la corrupción y un gobierno transparente.
El lema «la corrupción tiene que pagar» se convirtió en un estandarte del Partido Revolucionario Moderno (PRM), una esperanza para quienes veían en él una ruptura con la impunidad. Sin embargo, a febrero de 2025, tras casi cinco años de gestión, esa promesa parece desvanecerse frente a una lista abrumadora de presuntos casos de corrupción que involucran a funcionarios de su administración, muchos de los cuales permanecen sin investigación seria ni sanciones palpables. Mientras tanto, el peso de la justicia parece recaer únicamente sobre figuras de la oposición, dejando un sabor amargo de selectividad y contradicción.
Una lista que crece, pero no se investiga
La enumeración de casos que han salpicado al gobierno de Abinader es extensa y variada, abarcando desde compras irregulares hasta tráfico ilícito y desvío de fondos públicos. Entre los más sonados está el «Caso de las jeringas», donde se denunció́ la adquisición de millones de unidades a sobreprecio durante la pandemia, un escándalo que nunca llegó a judicializarse plenamente. El «Caso Furcal» en el Ministerio de Educación, con acusaciones de malversación en la gestión de Roberto Fulcar, y el «Caso INABIE», vinculado a irregularidades en contratos de alimentación escolar, también han generado titulares, pero pocos avances concretos en los tribunales.
Otros episodios, como el «Caso Macarrulla», donde el exministro José R. Lizardo Macarrulla enfrentó señalamientos por vínculos con empresas favorecidas en contratos públicos, o el «Caso Miguel Gutiérrez», un diputado del PRM arrestado en Estados Unidos por narcotráfico, han puesto en entredicho la selección de figuras cercanas al presidente. La lista sigue: «Caso Supérate» con presuntas duplicidades en tarjetas de asistencia social, «Caso Neney Pintura» por contratos millonarios sin licitación, y hasta el «Caso robo de 375 toneladas de harina» en el Puerto de Haina, donde la ausencia de responsables investigados resulta escandalosa.
A esto se suman señalamientos pendientes de investigación profunda, como la «ampliación de la autopista Duarte» o la «compra directa de carbón a Colombia para Punta Catalina», que han sido cuestionadas por expertos y periodistas como Huchi Lora y Edith Febles por su opacidad. En total, más de 45 casos han sido denunciados por la prensa, la oposición y la sociedad civil, y una decena adicional espera esclarecimiento. Sin embargo, el patrón es claro: las acusaciones contra perremeístas rara vez prosperan en los tribunales dominicanos.
La justicia selectiva: Opositores en la mira
Mientras los casos dentro del PRM languidecen, la administración Abinader ha mostrado una notable diligencia al perseguir a figuras del Partido de la Liberación dominicana (PLD). Operaciones como «Antipulpo» o «Medusa» han llevado a la cárcel a exfuncionarios como Alexis Medina y Jean Alain Rodríguez, con gran despliegue mediático y respaldo popular. Estas acciones, aunque justificadas en muchos casos por evidencias sólidas, contrastan con la aparente parálisis frente a los escándalos propios. ¿Dónde están los sometidos por el «¿Caso EDEESTE”, el “¿Caso Lotería” o el “Caso Operación Iguana”, que involucró tráfico de personas en la frontera?
Esta disparidad ha alimentado la percepción de que la lucha anticorrupción de Abinader es más un instrumento político que un compromiso genuino. La designación de Yeni Berenice Reynoso como procuradora adjunta, una figura cercana al presidente, ha sido señalada como un blindaje para proteger al oficialismo mientras se castiga a los adversarios. Las denuncias de «persecución política» por parte del PLD y otros sectores no carecen de fundamento cuando se observa que, en casi cinco años, ningún alto funcionario del PRM ha enfrentado consecuencias significativas por los casos mencionados.
La promesa traicionada
Abinader llegó al poder con un discurso de renovación ética, prometiendo que su gobierno sería un modelo de transparencia. Sin embargo, la realidad sugiere otra cosa. La falta de licitaciones transparentes en proyectos como el «Fideicomiso Pedernales» o la «renegociación de AERODOM», junto a escándalos como el «Caso Acuario Nacional» —donde se gastaron millones sin resultados visibles—, erosionan la credibilidad de esa narrativa. Incluso en temas sensibles como la seguridad, el «Caso Policía Nacional» y el robo de 400 kilos de cocaína en Barahona apuntan a una corrupción sistémica que el gobierno no ha sabido o querido enfrentar.
La ciudadanía, que inicialmente confió en el cambio, comienza a cuestionar si el PRM simplemente reemplazó un sistema corrupto por otro. La duplicidad de tarjetas en el programa Supérate, el uso de fondos públicos para «regalos» en el Ministerio de Agricultura, o las pensiones solidarias otorgadas discrecionalmente son ejemplos que golpean directamente a una población empobrecida, mientras las élites políticas parecen intocables.
Un llamado a la coherencia
No se trata de negar los avances en ciertas áreas o de equiparar la gestión de Abinader con las de gobiernos anteriores. Es innegable que ha habido esfuerzos por mejorar la institucionalidad y que algunos casos de corrupción pasada han sido enfrentados. Pero la lucha contra la corrupción no puede ser selectiva ni cosmética. Si el presidente desea preservar su legado, debe permitir que la justicia actúe sin distinción de colores políticos, investigando a fondo cada uno de los casos que ensombrecen su administración.
El pueblo dominicano no merece otro espejismo. La lista de presuntos actos de corrupción bajo el PRM es demasiado larga para ser ignorada, y la inacción frente a ella contradice la esencia misma de la promesa de Abinader. Si la transparencia y la rendición de cuentas no se aplican también a los propios, el cambio que tanto se pregonó seguirá siendo solo un eco vacío en un país que clama por justicia real. ¿Hasta cuándo seguiremos esperando?
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